Redacción/MORELIA
Ante la tentación de condicionar los programas sociales durante las contiendas electorales, la 72 legislatura en Michoacán aprobó por unanimidad, modificaciones a la Ley de Desarrollo Social en el estado, en la que se establecen la creación de reglas de operación, así como la entrega de un informe anual al Congreso local para medir el impacto de los programas sociales estatales en beneficio de la población.
En la última sesión del 2012, los legisladores michoacanos reformaron los artículos 15 fracción V, el 25 y 34 de dicho marco jurídico, por lo que una vez publicadas las modificaciones en el Periódico Oficial del Estado, el gobierno de la entidad estará obligado a fijar las reglas de operación de cada uno de los programas estatales, así como a rendir un informe anual durante los primeros tres meses de cada año, que contenga los resultados de la evaluación a cada uno de los programas sociales estatales con la finalidad de recomendar al Ejecutivo la desaparición, modificación o fortalecimiento del mismo.
En este sentido, las reglas de operación de cada programa deben precisar los derechos y obligaciones de la población beneficiaria, las causales y mecanismos de aplicación para la suspensión temporal y definitiva de los apoyos, además de los montos y sistemas de entrega, por mencionar algunos.
De esta manera, los legisladores explicaron que el gobierno del estado tendrá que elaborar los padrones de beneficiarios correspondientes a cada programa social, con la finalidad de poner orden y comenzar con la generación de indicadores que permitan revelar si las inversiones aplicadas corresponden al nivel de resultados de cada una de las acción de política social diseñadas a la atención de la población en situación de vulnerabilidad en Michoacán.
