– En materia de ciencias, humanidades y tecnologías; de aprobarse, académicos serán evaluados por gente ajena a la educación, investigación, o difusión de la cultura
Elena Rojas, Zamora
La iniciativa de ley en materia de ciencias, humanidades y tecnologías de la innovación publicada el pasado 13 de diciembre pone en riesgo a los centros públicos de investigación del país. Esto porque dicha intención pretende que el órgano de gobierno que dirija, evalué y administre al sistema nacional de dichos centros este integrado por instituciones que no tienen nada que ver con la educación, la investigación, ni la difusión de la cultura.
“Además esta junta de gobierno estará facultada para constituir, agrupar, fusionar, desincorporar o reintegrar Centros Públicos de Investigación, por lo que, si tiene atribuciones para desincorporar, es decir, en cualquier momento puede cerrar o clausurar esos centros”, advirtió José Luis Sefoo Luján, investigador del Colegio de Michoacán (ColMich)
Detalló que, de aprobarse dicha iniciativa, el órgano estará integrado por 13 secretarios de estado de las áreas: Bienestar, Medio ambiente, Marina, Defensa nacional, etc., y un director general. Todos ellos nombrados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
“Se anuncia como una iniciativa que tiene por objeto garantizar el derecho humano a la ciencia, pero no me limita entender esa iniciativa como un propósito equivocado de la 4T por centralizar y controlar la investigación científica. Me gustaría estar equivocado, pero, hay que echar un ojo a la nueva ley que se “cocina”, destacó.
Aceptó que el Colegio de Michoacán está en riesgo con esta nueva ley, así como instituciones como el Colegio de la Frontera Sur, Colegio de la Frontera Norte, Colegio San Luis, Colegio de Sonora, Colegio de Jalisco, Colegio de Alimentación de Hermosillo y Mazatlán. Todos ellos especializados en temas sociales, de la naturaleza, en tecnología, historia, etc.
Por tanto, dijo, los investigadores y académicos del país estarán evaluados bajo criterios a los que jamás se les consultó, “nos dice que se nos va a evaluar, pero no cómo. Actualmente se evalúa a los centros en base a libros publicados, alumnos graduados, congresos, ponencias, trabajo académico, proyectos de investigación, etc.”.
Además, mencionó, esta iniciativa estipula que los financiamientos, becas, proyectos y el sistema nacional de investigadores, tendrán recursos en base a la disponibilidad de los mismos y de acuerdo a los principios de la austeridad republicana.
A pregunta expresa, dijo que actualmente, las instancias que evalúan a los Centros de Investigación son colegas de otras universidades, es decir, personas que trabajan en el mismo ámbito, “la junta de gobierno está integrada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”
“Así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Por tanto, nos evalúan académicos afines a nuestras áreas”. Cabe señalar que actualmente estos centros públicos de investigación operan con recursos del gobierno federal, a través del CONACyT o la SEP.
Concluyó al dejar en claro, “la ley nos mandata hacer investigación de problemas importantes que tiene la sociedad como la violencia, eso no lo objetamos, lo que nos inconforma es que nos van a dirigir y medir personas que no se dedican a la investigación, pero, además, nos excluyan de participar en estos órganos de gobierno. La iniciativa indica que podrán invitar a sus reuniones a académicos, sólo con derecho a voz, pero no a voto”.
