José Guerra, Sahuayo
Podría el municipio incluso llegar a embargar propiedades de contribuyentes que aún contando con las posibilidades de hacerlo no han realizado el pago por sus impuestos y servicios municipales esto de acuerdo a lo externado por el responsable de las finanzas municipales Armando Tejeda.
Señaló el funcionario que a la fecha se tiene un rezago del orden de los siete millones de pesos en el cobro de agua potable e impuesto predial, de manera aproximada señaló que se registran en este municipio casi 22 mil tomas domiciliarias de agua y unos 18 mil predios.
A fin de recuperar este recurso, dijo, se implementarán estrategias un tanto menos flexibles para con los morosos, en ese sentido el funcionario dejó entrever la posibilidad de que aquellas personas que se sabe que sí cuentan con recursos para realizar su pago y no lo han hecho, posiblemente tengan como argumento razones meramente políticas o simplemente personales en tanto que se ha detectado que son los sectores poblacionales económicamente más desprotegidos los que han cumplido en tiempo y forma con su pago.
La situación económica es precaria aun para el pago de la próxima quincena dio a entender el funcionario quien destacó que curiosamente las filas que se formaban a inicio de año para pagar servicios municipales se han convertido en personas en esperad de pagos por servicios realizados a la alcaldía.
Enfatizó la importancia de que la gente que no ha pagado lo haga a fin de coadyuvar a sanear las finanzas del municipio, ya que con el apago de los morosos se podría obtener una recaudación de seis a ocho millones de pesos, por lo que explicó que para ello se echarán a andar estrategias agresivas en lo que resta del año para tratar de recuperar el mayor número de recursos posible.
En lo que hace a las estrategias para recuperar las carteras vencidas de estas dos dependencias municipales, anunció que lo más probable es que se suspenda el servicio de aguas potable a quienes no lo han pagado, en lo que hace al impuesto predial podría seguirse un proceso administrativo que incluye el envío de requerimientos y una reunión con el moroso para entender el por qué no ha hecho su pago y finalmente no de hacer la recaudación dar paso al proceso de embargo.
Aunque, señaló, este procedimiento no se realizará en zonas marginadas de este municipio.