Noé Ortiz
Legalidad, legitimidad y necesidad, son los tres temas que deben analizarse en el conflicto entre gobierno del estado e inquilinos de casas de estudiantes a fin de poder darle la justa dimensión y valor a los hechos ocurridos en estos días.
Por supuesto que en este país, hablar de enfrentamientos en los que intervienen estudiantes es rascar en las heridas de 1968 que aún no sanan, y que por lo mismo, dificultan la objetividad y claridad al tratar el tema, porque una cosa es usar la fuerza pública de manera ilegítima y excesiva, como acusan los inquilinos de la casa de estudiantes, y otra es provocar y exhibirse para ser golpeado, y bajo este pretexto, reclamar.
Es imposible saber si los motivos que llevaron a los inquilinos a protestar, a tomar vehículos oficiales y particulares, y a provocar daños en edificios públicos, son legítimas, simplemente, porque nunca en la historia de las casas de estudiantes ha habido claridad, transparencia, certeza e información, sobre el uso que hacen de los bienes que tienen a su disposición, ni del destino que dan al dinero, público, que reciben.
Tampoco hay información para conocer los resultados que brindan estos centros a la educación, como datos sobre índice de promedios escolares de alumnos, índice de reprobación, tiempo en el que terminan una carrera, métodos por los que devuelven a la sociedad los beneficios recibidos al residir y recibir alimentos gratuitos.
Es imposible conocer y verificar la relación que existe entre dinero entregado a las casas de estudiantes, aplicación y resultados académicos, ni mucho menos, las políticas aplicables a quienes no aprovechen o desperdicien dichos recursos.
En este contexto, es entendible que el gobierno haya actuado buscando la legalidad y sustentado en la necesidad de destrabar una protesta, cuya legitimidad queda en el abismo de la oscuridad.
Lo ideal sería que estos eventos dieran paso a una nueva etapa en la que la claridad en el manejo y transparencia en el uso de recursos de estos recintos, sea la regla.
