Comunicado, México, DF.
Michoacán está considerado dentro de los cinco principales estados con el problema del delito de la trata de personas, lo que representa un grave problema social que amerita la atención inmediata de las autoridades, pues son focos rojos que en una sociedad modera no deben existir, aseguró Salvador Vega Casillas, senador de la República.
Vega Casillas indicó que ya la mayoría de los congresos locales en los estados han actualizado sus leyes contra la trata, y el Senado apenas el mes anterior actualizó la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, llamándola ahora Ley General en Materia de Trata de Personas.
El legislador mencionó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata de personas deja ganancias, a los que practican el delito, entre 16 y 31 millones de dólares anuales, y especifica que son cerca de 23 millones de personas esclavizadas en todo el mundo y por lo menos un millón 800 mil corresponden al continente americano.
El senador detalló que el delito de trata de personas engloba varias actividades violatorias a la libertad de las personas como el comercio sexual, la mendicidad forzada, el trabajo poco justo de los jornaleros agrícolas, los migrantes, el trabajo doméstico obligado o mal pagado, explotación con fines pornográficos, el turismo sexual con menores de edad, el matrimonio forzado, el embarazo forzado y el reclutamiento forzado en un grupo armado.
Se refirió a datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que han manifestado que se estima que por cada suceso que se documenta existen al menos otros siete casos que no se denuncian ni se tiene conocimiento de ellos, entre las distintas actividades que engloba la trata de personas.
“Los principales casos de trata de personas se dan en Morelia y en la zona de Tierra Caliente, específicamente del caso de Michoacán, también se concentra gran parte en la zona agrícola del estado, lo cual no puede seguir sucediendo, es algo que urge atender, la libertad de los ciudadanos es un derecho fundamental”.
Por ello, dijo que en la nueva ley en la materia también se incluyen más obligaciones para que la autoridad preste ayuda a las víctimas, mismos a los que a partir de ahora debe darse asistencia jurídica, de salud, de educación, empleo, reunirlas con sus familias y regresarlas de forma segura a su lugar de residencia.
Para finalizar, Salvador Vega Casillas urgió a las autoridades federales, estatales y municipales, a que se coordinen y atiendan lo antes posible este problema que aqueja a todo el país y en especial a Michoacán, pues los problemas de desarrollo social no permitirán que se cierre el problema de inseguridad que se vive. (svc)
